Las plagas de insectos son uno de los elementos más devastadores en agricultura. Por esta razón, la introducción de genes que provocan el desarrollo de resistentes a uno o varios órdenes de insectos ha sido un elemento común a muchas de las variedades patentadas. Las ventajas de este método suponen un menor uso de insecticidas en los campos sembrados con estas variedades, lo que redunda en un menor impacto en el ecosistema que alberga al cultivo y por la salud de los trabajadores que manipulan los fitosanitarios.Recientemente se están desarrollando los primeros transgénicos animales. El primero en ser aprobado para el consumo humano en Estados Unidos fue un salmón AquaBounty (2010) que era capaz de crecer en la mitad de tiempo y durante el invierno gracias al gen de la hormona de crecimiento de otra especie de salmón y al gen "anticongelante" de otra especie de pez.En varios países del mundo han surgido grupos opuestos a los organismos genéticamente modificados, formados principalmente por ecologistas, asociaciones de derechos del consumidor, algunos científicos y políticos, los cuales exigen el etiquetaje de estos, por sus preocupaciones sobre seguridad alimentaria, impactos ambientales, cambios culturales y dependencias económicas. Llaman a evitar este tipo de alimentos, cuya producción involucraría daños a la salud, ambientales, económicos, sociales y problemas legales y éticos por concepto depatentes. De este modo, surge la polémica derivada entre sopesar las ventajas e inconvenientes del proceso. Es decir: el impacto beneficioso en cuanto a economía stado medioambiental del ecosistema aledaño al cultivo y en la salud del agricultor ha sido descrito, pero las dudas respecto a la posible aparición de alergias,ambios en el perfil nutricional, dilución del acervo genético y difusión de resistencias a antibióticos también.
Monsanto es una empresa que provee de productos para la agricultura. Es conocida por producir el herbicida bajo la marca Roundup. También es productor de semillas genéticamente modificadas. A lo largo de su historia, Monsanto ha ido evolucionando en sus negocios. En sus inicios, en 1901 distribuían sacarina, para 1938 tenían negocios químicos como plásticos y resinas, en 1976 incursionaron en el negocio de los herbicidas y en 1981 se sumaron a la carrera biotecnológica. En el año 2000 contribuyó a descifrar el código genético del arroz, y anunció que la información obtenida en la investigación sería compartida con la comunidad científica mundial. Monsanto ha sido y sigue siendo una de las empresas que ha creado más controversia a nivel mundial debido al peligro potencial o real de sus productos sobre la salud humana, animales, plantas y sobre el medio ambiente en general.
El debate sobre los transgénicos en Chile empieza cuando la transnacional Monsanto, evaluada como la peor empresa del mundo en 2010, ya ha sido autorizada para operar en nuestro territorio. La reciente ratificación en el Senado del polémico convenio Upov 1991 reveló una realidad escalofriante para los chilenos: la empresa norteamericana Monsanto, en el corto plazo, será la dueña de la mayoría de las semillas campesinas e indígenas de nuestro país, esto debido a que tarde o temprano las especies transgénicas –patentadas por Monsanto– se cruzarán con las nativas o puras, ubicadas en predios y campos vecinos, generando “hijos mutantes” que llevarán la marca registrada de la transnacional dueña del “híbrido”. Esta estrategia es utilizada por Monsanto en todo el mundo, pues le permite en un corto plazo, controlar el negocio de las semillas. Así lo ratifica Dan Ravicher, director ejecutivo de la Fundación Pública de Patentes (PUBPAT, por sus siglas en inglés), quien durante una reciente demanda realizada en Estados Unidos contra la transnacional, señaló que “algunos piensan que las semillas transgénicas pueden coexistir con las orgánicas, pero la historia nos dice que esto no es posible, y actualmente el interés financiero de Monsanto es eliminar las semillas orgánicas para que puedan tener el monopolio total sobre nuestra cadena de alimentos”. De acuerdo con la información del sitio web de PUBPAT, efectivamente, algunos cultivos han resultado contaminados con semillas transgénicas de manera accidental, por ejemplo por polinización cruzada. Por ello aseguran que “parece perverso que un agricultor orgánico pueda ser acusado de infringir los derechos de patentes, pero Monsanto ya ha hecho previas acusaciones”.
Estas ideas yan han sido ampliamente difundidas por la periodista francesa y experta en agroalimentación,Marie- Monique Robin, quien publicó un libro sobre Monsanto, empresa que actualmente es líder mundial en agroquímicos y manipulación de semillas, y prácticamente domina la industria alimenticia internacional, pues tiene derechos sobre la mayoría de la variedades agrícolas. Según Robin, “en 1992 Monsanto logró que el gobierno norteamericano le permitiera patentar semillas, y hoy la empresa tiene entre sus registros más de 1.000 variedades, todas con fines específicos. Por ejemplo, en Cataluña y Andalucía se cultivan cientos de hectáreas de una variedad llamada BT, por elBacillus Thurigiensis, una bacteria que se encuentra en el suelo y que es un insecticida natural. Lo que Monsanto hizo fue extraer el gen del BT que produce la defensa a los insectos, y lo inyectaron en el genoma del maíz. El punto es que el insecto que ataca al maíz, llamado piral, no es el único que se aniquila, también caen mariposas, pájaros insectívoros, microorganismos del suelo y otros insectos benéficos y polinizadores”. El rechazo en nuestro país a la ratificación del Upov 1991 ha venido de distintos lados. La Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) y la Fundación Terram fueron invitadas a expresar su opinión ante el Senado, mientras que el año 2010 en la Cámara de Diputados, la misma Anamuri, Ranquil, los productores orgánicos, el obispo de Aysén, Rapal, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, Grain, Olca, y otras organizaciones regionales y locales, ya habían expuesto su rechazo a este convenio y al proyecto de ley de obtentores.
Para la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, todo parte con la suscripción del convenio Upov 1978, el cual se diferencia del 1991 –recientemente aprobado en el Senado–, en que este último estipula claramente que se requiere la autorización del obtentor (dueño de la marca) para la producción o reproducción de semillas para cualquier otro fin. Liberona indicó que “esto ha llevado a que no todos los países que han suscrito a Upov 1978, han adherido a Upov 1991. Hablamos de Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Ecuador, Francia, Irlanda, Italia, México, Noruega, Paraguay, Portugal y Uruguay”. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Upov, es una organización propiciada por las transnacionales comercializadoras de semillas y respaldada por los gobiernos, de la que Chile es parte. En los primeros años producían híbridos y hoy también transgénicos. Entre ellas están las empresas Monsanto –que controla más del 90% del mercado de la semilla transgénica– Syngenta, Bayer, y Dupont/Pioneer. Para la Red Legislativa Indígena y de Politicas Públicas, este convenio Upov “refuerza un régimen de propiedad leonina y abusiva sobre plantas y variedades vegetales que no se pueden patentar, pero que se pueden apropiar vía los denominados derechos del obtentor vegetal. No entendemos cómo un Convenio Internacional, que se tramita como ley, y que tiene efectos tan graves en los pueblos indígenas, no es consultado como lo dice el Convenio 169 suscrito por el Estado de Chile” En la Red denuncian que “por ejemplo, el artículo 14 número 2) del Convenio Upov 1991 señala que se requerirá la autorización del obtentor o dueño, es decir, de la transnacional, para la reproducción y la posesión del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, es decir, ahora las empresas extranjeras serán dueñas de las cosechas”. En la Red agregan que “el Gobierno ha reconocido que de las 700 variedades vegetales chilenas apropiadas en Chile, 615 están en manos de transnacionales. Durante la tramitación del Convenio, el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, señaló que modificarán la ley vigente luego de la aprobación del tratado para permitir que los agricultores pequeños puedan guardar algo de lo apropiado por las transnacionales para autoconsumo. ¿Y de que vivirán las comunidades indígenas, del autoconsumo? Esto para nosotros no representa seguridad alguna, pues son meras palabras del ministro. Luego lo cambian y llega otro Ministro que hará algo distinto. Ya estamos cansados de mentiras. Por eso queremos consulta, amparada por el Convenio 169 de la OIT y supervisada por la OIT y la ONU”.
Fuente: Wikipedia, elciudadano.cl
No hay comentarios:
Publicar un comentario